En la continuación del ciclo de conversatorios y talleres sobre la desigualdad en el país, el capítulo de Café Séneca, en alianza con los capítulos de Poliandes y Ecoandinos, organizaron un interesante evento llamado ‘La Desigualdad vista desde el problema de tierras en Colombia”

El principal objetivo del conversatorio fue exponer, analizar y debatir los orígenes, el desarrollo, la situación actual y las consecuencias de la desigualdad en la distribución de tierras en Colombia. Además, se presentaron los alcances de los Acuerdos de Paz planteados para la solución de esta problemática, los avances obtenidos y los posibles pasos a seguir para continuar propiciando el desarrollo equitativo del sector rural y campesino del país.

El primer panelista fue Guillermo Forero Álvarez, abogado egresado de la Universidad de los Andes, experto en derecho de tierras y asuntos rurales. De acuerdo con Forero, por lo menos desde hace 140 años el gobierno colombiano tenía pleno conocimiento de la concentración improductiva de la tierra, y ese sería uno de los problemas más significativos de la sociedad colombiana.

Y así se planteó en la posición de motivos de una ley del 28 de agosto de 1882, la famosa Ley 48, en la que ya se vertía esa preocupación de la concentración de la tierra. Según Forero, esa ley no tuvo mayor impacto y la mayoría de la tierra siguió siendo de unos pocos. Otro ejemplo que citó en el conversatorio fue el caso de la Ley 200 de 1936, conocida históricamente como la gran reforma agraria de Colombia. Para Forero, fue una de las primeras leyes que creó, sin proponérselo, la “primera antireforma agraria”.

“A pesar de que esa ley tenía propósitos muy buenos, no creó unos mecanismos eficientes para hacer una distribución equitativa de la tierra. En esa ley se reconoció que el Estado había perdido el control y el dominio efectivo sobre las grandes extensiones baldías de Colombia”, comentó Forero.

De acuerdo con Forero, llevamos 200 años ejecutando erráticas políticas de distribución de baldíos, acompañados de los graves problemas rurales que han caracterizado las diferentes épocas de Colombia, como la lucha desigual entre campesinos y terratenientes, los conflictos interno suscitados en el siglo XIX, la denominada época de la violencia, la aparición de las FARC, el auge del paramilitarismo y el narcotráfico en los años ochenta y el permanente desplazamiento de la población campesina, que llega a la cifra de 7 millones de personas, a quienes se les pretendió dar soluciones mediante la expedición de la ley 387 de 1997.

El segundo panelista fue Andrés Castro Forero, director de la Unidad de Restitución de Tierras, abogado egresado de la Universidad del Rosario, especializado en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes y en la Escuela Nacional de Administración –ENA-, París, Estrasburgo.

En su intervención, se refirió a la Ley 1448 de 2011, aclarando que se trata de una ley de víctimas y restitución de tierras. Según Castro, en esa ley se incluyeron unos capítulos relacionados con el despojo y el abandono forzado de la tierra.

“Todo esto es un procedimiento de restitución de tierras de justicia transicional, donde la Unidad está a cargo de la instrucción del proceso y son jueces especializados los que resuelven estos casos. Es un proceso de única instancia”, agregó.

Castro mencionó que actualmente la Unidad de Restitución de Tierras ha logrado hacer presencia en el 80 % del territorio nacional, con el aval del trámite de restitución a través de la focalización tanto macro como micro del territorio nacional. En este momento, la Unidad ha llegado a 218 nuevas zonas y en los últimos 42 meses se logró la microfocalización de 22.370 solicitudes de restitución.

También explicó los tiempos que maneja la Unidad en el proceso de restitución de tierras. En la siguiente gráfica se puede apreciar todo el procedimiento:

“

Finalmente, Castró mencionó que uno de los retos más importantes en los próximos 10 años para la Unidad es el de consolidar un mecanismo de eficiencia del gasto público para implementar las medidas de posfallo. Otro reto es el diseño y la implementación de lineamientos a las entidades competentes sobre las solicitudes en zonas aún no microfalizadas como consecuencia de la situación de inseguridad que las afecta.

El tercer panelista fue Carlos Simancas, investigador y especialista en problemas sociales campesinos, además experto en productividad rural y financiamiento del desarrollo rural.

Para él, nos interesa el tema de la tierra porque es un factor de producción de tipo económico desde la época de la revolución industrial. Los territorios que se constituyeron como naciones vienen siendo cada vez más urbanos. Por ejemplo, si miramos la demografía de Colombia en los años 50, teníamos 70 % población urbana y 30 % en rural. Actualmente, es de 85 % urbana y 15 % rural.

“Si nos planteamos el tema del desarrollo, la tierra siempre será un factor de ese desarrollo y si estamos hablando de un desarrollo que se fundamenta en una economía de mercado, requerimos que ese factor de producción sea eficiente y vinculado a la economía global”, comentó Simancas.

De acuerdo con el profesor Simancas, Colombia no tiene un desarrollo agroindustrial, en donde las materias primas y los alimentos, que se dan en el campo, den lugar a una formación empresarial en el sector urbano.

La cuarta panelista fue Juanita Goebertus, abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho en la Universidad de Harvard.

En su intervención, mencionó que la lógica del Acuerdo de Paz fue democratizar el acceso y el uso de tierras improductivas, sobre la base del reconocimiento de que la falta de claridad en los derechos de propiedad y la alta concentración de la propiedad rural han estado en el centro de las condiciones que han permitido que el conflicto se perpetuara por más de 50 años.

Para evitar más conflicto, se determinaron varias acciones, como la creación de un fondo de tierras que debe entregar 3 millones de hectáreas en 12 años a campesinos, formalización de 7 millones de hectáreas en un periodo de 10 años y actualización del catastro para un uso adecuado de la tierra.

Lo que Juanita Goebertus viene haciendo, desde la comisión de paz de la Cámara de Representantes y de manera mulpartidista, es el seguimiento a la implementación de esas acciones.

“A la fecha, la Agencia Nacional de Tierras reporta que ha ingresado al Fondo de Tierras 1.3 millones hectáreas. Sin embargo, cuando uno contrasta con las efectivamente entregadas, solo 235.000 hectáreas han sido entregadas, es decir, el 17.9 %. Lo más preocupante es que a campesinos sin tierra solo se les han entregado 2.245 hectáreas. Uno de los problemas más graves es que hay una falencia en el desarrollo del Plan Nacional de Acceso a Tierras”, comentó.

Para Juanita Goebertus, el panorama es muy preocupante porque tenemos un escenario donde no se han invertido los recursos suficientes y el gobierno no se ha tomado en serio la falta de desarrollo rural, la altísima concentración de la propiedad rural y que los campesinos con tierras insuficientes accedan a títulos que les permitan acceder a créditos y a la posibilidad de insertarse en los diferentes mercados. Estos problemas generan que aún tengamos esas cifras de pobreza multidimensional en las zonas rurales del país.

Preguntas

   ¿Cómo podemos abordar uno de los mayores problemas de la propiedad de la tierra que es el narcotráfico y el lavado de dinero?

Juanita Goebertus: Hasta donde yo conozco, no se tienen datos precisos sobre la afectación que ha tenido el narcotráfico con respecto a la tierra. Lo que sí sé es que una de las fuentes del Fondo de Tierras establecidas en el Acuerdo de Paz es la extinción de dominio. Por su puesto, el país ha tenido varias reformas de extinción judicial de dominio, insuficientemente implementadas y con bajos niveles de efectividad.

Hay que agilizar la extinción de dominio, revisar como está en el Acuerdo el estatuto de lavado de activos, que estaba redactado desde el gobierno anterior y que el actual gobierno no quiso impulsar, esto con fin de poder facilitar la persecución del lavado de activos. Eso sería fundamental para luchar contra el crimen organizado y no enfocarse tanto en los eslabones débiles de la cadena, como los cultivadores y los consumidores. Hay que concentrarse más en las organizaciones criminales.

¿En cuánto se estima que debe ser la inversión en los próximos 4 años para llevar a buen término la reforma agraria?

Profesor Simancas: Yo quiero insistir en la necesidad de que se estudie el instrumento de financiamiento de política pública, porque es un instrumento que puede tener la capacidad de recaudar fondos equivalentes a tres o cuatro reformas tributarias, con un sistema que no es impuesto, porque de lo que se trata es que el sector financiero utilice algunos recursos de inversión para financiar las políticas públicas.

Este instrumento permitirá un control inflacionario, una búsqueda de equidad y resuelve al Estado un tema tributario.

Si deseas tener el conversatorio completo, puedes escribir al correo: gestordecontenidos.uniandinos.org y te lo haremos llegar.