El pasado 3 de noviembre se llevó a cabo el Primer Congreso de Abogados Uniandinos en la Sede Nacional. Fue organizado por el capítulo de abogados (CAU) y por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

El tema central fue el nuevo derecho de los negocios como instrumento de reactivación económica. Se analizó principalmente cómo el marco regulatorio se ha adaptado a las nuevas formas de hacer negocio a raíz de la pandemia. De hecho, se han creado nuevas instituciones jurídicas y las existentes se han adaptado al nuevo entorno mediante profundas modificaciones con vocación de permanencia.

El principal objetivo fue la actualización de los temas más relevantes del mundo de las TICs, derecho societario, laboral, administración de justicia, reactivación empresarial y contratación del Estado.

También generar un espacio académico, reflexivo, participativo y de integración entre los egresados de derecho,los profesores y los futuros abogados.

Los conferencistas del congreso las dictaron reconocidos profesores y especialistas de la Universidad de los Andes, que cuentan con una larga trayectoria en sus áreas. Esto fue muy valioso, porque los asistentes pudieron conocer diferentes perspectivas y preguntarles, de manera directa, sus inquietudes u opiniones.

Entre los temas que se trataron, estuvieron: ‘El comercio electrónico como factor clave para el crecimiento económico’, ‘El derecho laboral: Nuevos retos y nuevas realidades’, ‘Análisis de impacto tecnológico: La tecnología se une con el derecho’, entre otros.

En el evento, también participaron: Eleonora Lozano Rodríguez, Decana Facultad de Derecho; David Fernando Rojas Chaparro, presidente Capítulo de Abogados Uniandino; Mauricio Rengifo Gardeazába, director Especialización en Derecho de la Empresa y Pablo Rey Vallejo, director Área de Derecho Privado y de la Especialización en Derecho Comercial.

Cabe mencionar el Congreso de Abogados fue un espacio para apoyar y darle visibilidad a la Beca Ciro Angarita, cuyo fin es ayudar a estudiantes de pregrado de la Facultad de Derecho con dificultades económicas que les impida cubrir total, o parcialmente, el costo de la matrícula de la universidad.

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